Los difíciles momentos que estamos viviendo, nos obligan a pensar en cambios en nuestras ciudades. Requerimos impulsar transformaciones profundas en ellas, si queremos responder a las necesidades de sus habitantes por una mayor integración social, equidad y mejor acceso a los bienes y servicios. Como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) hemos sugerimos que una de las medidas básica y urgente es modificar los plazos legales de la elaboración de los planos reguladores que hoy promedian 7 años para su aprobación. Es decir, en la mayoría de los casos, una vez que entran en vigencia ya se encuentran desactualizados.
Esto es un problema radicado en las actuales disposiciones legales, pobladas de procedimientos administrativos, muchos de ellos poco definidos, ambiguos y sin plazos, que se han transformado en un obstáculo imposible de superar para llegar a tiempo con soluciones y respuestas a los problemas de las ciudades. La Agenda Social Urbana aprobada por el CNDU, propuso reducir este plazo a no más de dos años y medio, sin con ello afectar los procesos de aseguramiento de la calidad, ni los plazos de participación ciudadana. Para ello sugerimos procesos diferenciados para elaborar y modificar un plan regulador comunal, según la complejidad y alcance de los cambios que se proponen, incorporando el concepto de proporcionalidad entre el objetivo y el procedimiento de aprobación.
En tiempos de cambio e incertidumbre, es urgente mejorar la normativa que asegure que un plan regulador sea oportuno, que llegue a tiempo a resolver los problemas que están enfrentando las ciudades como la segregación social, la expansión, el aumento de campamentos, el cambio climático, la crisis sanitaria e hídrica o el resguardo de una densificación equilibrada. Si no actuamos ahora en esta materia, la realidad pasará por encima de nuestras urbes y ya no habrá planificación urbana capaz de resolver la magnitud de los problemas.