Frente a los graves acontecimientos ocurridos durante las últimas semanas, manifestamos el más categórico repudio a todo acto de violencia, independiente de su origen, y lamentamos profundamente sus consecuencias en la irreparable pérdida de vidas humanas, diversas vejaciones y destrucción de infraestructura pública y privada. Asimismo, es necesario resaltar y celebrar las manifestaciones pacíficas que también hemos visto, y que nos invitan a reflexionar y actuar sobre la desigualdad en general y, en particular, en lo relativo a los sistemas de transporte y su relación con la ciudad, que tanto inciden en la calidad de vida de las personas.
La forma de las ciudades y su sistema de transporte no sólo están profundamente relacionadas, sino que, además, son elementos que pueden exacerbar las desigualdades o contribuir a disminuirlas. Lamentablemente, en el caso de las ciudades chilenas, ha ocurrido lo primero.
Para revertir esta situación es necesario, en primer lugar, dar un giro en las políticas públicas urbanas, y en particular las relacionadas al transporte. El desarrollo de nuestras ciudades debe planificarse de forma integrada a fin de permitir un crecimiento armonioso con el sistema de transporte, lo que definitivamente no es compatible con la segregación socioespacial que se ha ido exacerbando en nuestras ciudades. Las localización de las viviendas sociales no puede definirse solamente en función del valor del suelo, ya que esto las ha llevado a la periferia de la ciudad, mal conectadas con los servicios y oportunidades que ella ofrece. El costo que esta decisión impone es muy grande, tanto desde el punto de vista privado como público. Asimismo, la evaluación de las políticas de transporte debe apuntar hacia objetivos que vayan más allá de la eficiencia en tiempos de viaje y costos de operación. Del mismo modo, metodológicamente riguroso, en que se han incorporado al análisis en esta área recientemente aspectos como la emisión de contaminantes y la seguridad vial, deben estudiarse aspectos de integración social, equidad, estética, caminabilidad, felicidad, entre otros.
En segundo lugar, es necesario otorgar una prioridad real al transporte público masivo (buses, metro, ferrocarril) y a los medios de transporte no motorizados por encima del automóvil, pues su uso indiscriminado es ineficiente y no se alinea con el objetivo de la PNDU respecto a alcanzar ciudades sustentables. Esta prioridad debe verse reflejada en la forma en que se distribuye el espacio vial, en cómo se prioriza la construcción de infraestructura, y en cómo se distribuyen los subsidios y asignan recursos para su diseño, mejoramiento y administración.
En tercer lugar, los daños sufridos en la infrastructura de transporte relevan la necesidad de estudiar el nivel de criticidad y resiliencia de los sistemas de transporte masivo en las grandes ciudades de Chile. La resiliencia es una característica importante en ciudades sustentables, y urge repensar en cómo se orientan nuestras urbes en pos de este atributo.
Los principios, objetivos y líneas de acción de la PNDU deben ir en estas direcciones. En su tarea de revisión de la PNDU, las distintas visiones de los consejeros del CNDU resultan valiosas y su trabajo requiere de una colaboración interdisciplinaria, basada en la evidencia, que permita tener ciudades más integradas que, a su vez, nos lleven a una convivencia armoniosa y contribuyan a una más fácil búsqueda de una sociedad justa, próspera y feliz.