La ciudad, no es ajena a la desigualdad de género que caracteriza a la sociedad, y en especial a la división sexual del trabajo, uno de los nudos estructurales de dicha desigualdad. Por ejemplo, en la Región Metropolitana las mujeres destinan 42.4 horas semanales al trabajo no remunerado, y los hombres 18.6 horas (2015). [1]
Los diferentes roles y desiguales valoraciones otorgadas a mujeres y hombres tienen como uno de sus resultados distintos modos de usar, percibir y vivir la ciudad. En este sentido, desde la perspectiva de género, la ciudad no es un espacio neutro, constituye un hecho político.
La planificación urbana han sido un campo que ha estado mayoritariamente dominado por una visión masculina, centrada fundamentalmente en los requisitos y propósitos de los procesos productivos y de consumo y en las actividades remuneradas.
El desafío de construir propuestas para alcanzar una mayor igualdad de género, ha constituido un incentivo importante para urbanistas y activistas feministas. Se cuenta con numerosos estudios dedicados a destacar las contribuciones que las mujeres han hecho al conocimiento urbano, como también a la reflexión crítica sobre la planificación urbana. Entre sus aportes, se destaca el compromiso de organizaciones de mujeres que han generado propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus ciudades, impulsando proyectos vinculados, entre otras cosas, a incrementar la participación ciudadana, a ampliar la autonomía económica, y a promover espacios públicos sin violencia para las mujeres y las niñas. Un ejemplo es la “Agenda de Mujeres por la Ciudad de América Latina”. [2]
En el proceso de cambios que vive nuestro país, una planificación urbana con una perspectiva de igualdad de género, es un desafío importante. Requiere considerar el territorio no solo como un espacio de producción, sino también como un espacio de ejercicio de derechos ciudadanos y como lugar de reproducción de la vida cotidiana.
El
derecho a la ciudad desde un enfoque de igualdad de género es una
posición política y ética respecto de la gestión y el uso del territorio. Esto
implica sostener que la representatividad de los intereses de los ciudadanos y
las ciudadanas es un derecho que se debe garantizar y una condición
insoslayable de la planificación y gestión de la ciudad.
[1] María Nieves Rico y Olga Segovia (eds.), ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, Santiago,CEPAL, 2017.
[2] http://www.sitiosur.cl/agenda-de-mujeres-por-la-ciudad-en-america-latina/
Olga Segovia Marín. Arquitecta, investigadora de SUR Corporación. Integrante de la Red Mujeres por la Ciudad, Chile y de la Red Mujer y Hábitat de América Latina.