La pandemia del coronavirus ha desnudado en forma importante nuestra fragilidad institucional en materia de gobernanza urbana y territorial. Resulta significativo este juicio, cuando reconocemos que nuestras grandes ciudades se configuran a partir de realidades sociales, económicas, culturales y ambientales diversas, sin una autoridad correspondiente a su escala de gobierno. No obstante, la determinación de establecer un estado de excepción que permite empoderar al gobierno central para enfrentar y ejercer de manera coordinada y bajo un solo mando, no admite críticas desde el punto de vista de la racionalidad institucional que exige hoy este desafío de escala planetaria.
No obstante lo anterior, ha quedado en evidencia que la ausencia de liderazgos a escala metropolitana que gobiernen sobre los asuntos de la ciudad como un todo, sea bajo un esquema supramunicipal o intermunicipal, constituye un factor que explica los roces e intercambios permanentes que ha habido entre autoridades municipales con representantes del poder central. En tal sentido, esta experiencia nos debe enseñar que aún siendo racional que la autoridad central asuma el control y la vocería del gobierno, resulta imposible esperar que los Alcaldes sean meros receptores de las directrices de la autoridad central por la exposición natural que tienen en su contacto con la ciudadanía.
Sin embargo, al mismo tiempo, podemos estar esperanzados que cuando esta pandemia sea en los próximos meses solo un triste y extraño recuerdo por su naturaleza inédita en la historia republicana de nuestro país, la llamada “rebelión de los Alcaldes” como se han interpretado sus actuaciones desde el estallido social y sobretodo durante esta pandemia, haya servido para resolver los problemas de gobernanza de las áreas metropolitanas que deberán ser reconocidas según la Ley 21.074. Particularmente, considerando el hecho que la opción de un cuarto nivel político-administrativo de gobierno que propone la PNDU (Alcalde Mayor) o una asociación de municipalidades bajo un modelo de agencia se esfumaron, en favor de la opción de fortalecer una mayor decentralización política y administrativa del país, mediante la elección de Gobernadores Regionales y traspaso parcial de competencias para la planificación y gestión de algunos asuntos de escala metropolitana.
Desde todo punto de vista, este tiempo de crisis sanitaria de escala planetaria que nos afecta, también puede y debe ser entendida como una oportunidad, especialmente, en lo relativo a la planificación y gestión metropolitana antes que los gobernadores sean elegidos en abril 2021. Y, en forma complementaria, ajustar la Ley 20.074 en lo referido al rol solo consultivo que se le pretende otorgar a los Alcaldes de las comunas que configuran el área metropolitana, no solo porque no es lo mismo un Consejo Asesor con dos Alcaldes (Iquique-Alto Hospicio, Temuco-Padre Las Casas) que el que debería conformarse para el área metropolitana de Santiago que puede comprometer más de 40 municipios, complejidad no menor que puede afectar severamente la gobernanza metropolitana.
Finalmente, ante los problemas de coordinación en materia de gobernanza multinivel evidenciados en Chile en un informe publicado por la OCDE y la SUBDERE el año 2017, la crisis provocada por la pandemia no debe ser excusa para avanzar en reformas institucionales que no solo fortalezcan el proceso de descentralización y regionalización del país, sino que permitan definir las bases de una satisfactoria gobernanza metropolitana para nuestras grandes ciudades donde habitan dos de cada tres personas. El futuro reclama hoy nuestra atención, voluntad y compromiso en la búsqueda de la mejor institucionalidad posible en términos de descentralización política, administrativa y fiscal para nuestras grandes ciudades y regiones, sin mezquindad ni oportunismos políticos.