Hace un poco más de un año se constituyó del Consejo de Desarrollo Urbano (CDU) de Antofagasta. En la concreción de la firma participó la intendencia, junto a otros organismos públicos, privado, academia y organismos ciudadanos. Todos con el objetivo de aportar en la planificación de las ciudades de la región y abordar temáticas urgentes con una mirada local.
Entre las organizaciones está presente Techo Chile Antofagasta que desde hace años viene trabajando activamente por territorios justos y comunitarios para las familias más excluidas de la región. Conversamos con su nuevo Director Regional, Javier Cifuentes, quien compartió su visión sobre la labor de debe desempeñar el CDU y la relevancia de conjugar dichas labores con las acciones y miradas de los organismos ciudadanos.
¿Desde la experiencia de Techo Chile Antofagasta, que lleva años aportando en el desarrollo de la región, qué tan relevante es la creación de los Consejos de Desarrollo Urbano Regionales y la incorporación de entidades que trabajen directamente con la comunidad?
Creemos que la construcción de ciudades justas, humanas y sostenibles, donde se integre realmente a las familias y comunidades más excluidas de las ciudades del país, es posible siempre y cuando se promuevan instancias de trabajo coordinado entre diferentes actores e instituciones de la sociedad civil que trabajen y conozcan las necesidades del territorio.
La conformación de este Consejo en Antofagasta ha sido un gran avance para poder abordar las problemáticas más urgentes que hay en nuestra región. Es necesario y urgente resolver la crisis habitacional que tenemos actualmente en el país, ya que nos preocupa el aumento sostenido de familias viviendo en campamentos, sobre todo en esta zona, porque se está convirtiendo en una solución para miles de familias debido a que no están encontrando un lugar adecuado en la ciudad.
Los altos valores de los arriendos, barrios segregados, familias hacinadas, personas viviendo de allegadas, familias con mal acceso a servicios públicos y privados, son algunos de los motivos que están provocando que más personas tomen esta difícil decisión con todo lo que eso significa: sin una vivienda digna, sin acceso a servicios básicos como el agua, electricidad, alcantarillado e incluso con la posibilidad de ser desalojados por estar en una situación irregular de tenencia del terreno.
La pandemia ha generado consecuencias impensadas en nuestro diario vivir en las ciudades. ¿Cuáles crees que serán las enseñanzas urbanas que adquiriremos y más específicamente en la región de Antofagasta?
Una de las evidencias que ha dejado instalada la pandemia con esta emergencia sanitaria, económica y habitacional ha sido que las ciudades están poco preparadas para enfrentar esta situación en la región y en el país. Hemos construido ciudades donde la población vulnerable es la más expuesta a contagiarse de este virus, ya que las familias cuentan con menos medios para poder sobrellevar de mejor manera esta crisis.
Esta pandemia reafirma lo que hemos venido denunciando en el último tiempo, de que la desigualdad territorial en las ciudades es un problema profundo que determina la vida de las personas y provoca que miles de familias que ya viven excluidas (hacinadas, en campamentos y en barrios segregados) tengan mayor vulnerabilidad y probabilidad, en este contexto, de contagiarse de COVID-19.
Esta emergencia nos recuerda lo urgente que es avanzar en otra vacuna: la del acceso universal a una vivienda adecuada que permita a las familias tener una mejor calidad de vida y así poder vivir la cuarentena más dignamente. En este sentido, además de confirmar la importancia de tener una vivienda adecuada, otra de las enseñanzas que nos está dejando esta pandemia es que hay una necesidad inmediata de construir y mejorar los espacios comunitarios como plazas, parques, playas, paseos peatonales, entre otros, que contribuyan a que la población cuente con lugares de esparcimiento y entretención de calidad que permitan habitar con un sentido de pertenencia y orgullo con este territorio.
Desde el 2011 la ciudad de Antofagasta ha registrado uno de los mayores aumentos en la cantidad de campamentos y con la pandemia dicha situación se acrecentó en todo el país. ¿Cómo observas dicha realidad en la ciudad y qué medidas se deben adoptar de forma urgente para mejorar, dentro de las posibilidades existentes, la calidad de vida de las miles de personas que hoy habitan en campamentos?
La región de Antofagasta en los últimos años ha tenido un aumento importante de la campamentación. Miles de familias han tenido que optar por vivir en este tipo de asentamientos por no encontrar un espacio en la ciudad. Sabemos que diariamente en promedio más de 10 familias están llegando a vivir a un campamento en el país. Esto es una realidad dura que nos preocupa y que debemos abordar con urgencia para dar una solución a esta problemática.
En nuestro trabajo en terreno junto a las familias hemos podido comprobar lo que los datos nos dicen: que los campamentos son un síntoma de un problema más grande que está en las ciudades, que tiene que ver con la profunda exclusión de miles de personas y que determina, de acuerdo a la plata que tenemos en el bolsillo, la accesibilidad a los servicios, el nivel de la calidad de vida y el lugar donde puedes vivir, entre otros aspectos.
El último catastro de campamentos del Minvu del 2019, que ya está desactualizado por el estallido social y la pandemia, dice que en la región hay 7 mil 600 familias viviendo en esta situación sin acceso formal a servicios básicos como agua potable y electricidad. Para dar acogida a estas familias, es clave que se establezcan instancias de diálogo y coordinación entre los campamentos y las autoridades involucradas en temáticas de la ciudad para que se logren soluciones pertinentes a las necesidades de las personas que viven en estos sectores. Mientras tanto hay que desarrollar iniciativas que vayan en la dirección de mejorar las condiciones básicas actuales de los campamentos, ya que la experiencia nos dice que, antes de consagrar su derecho a la vivienda adecuada, las familias pueden vivir en estos lugares por varios años y hay necesidades que tenemos que hacernos cargo hoy, no mañana.
¿Qué cambios en la gobernanza de las ciudades y en otros ámbitos urbanos crees que deberían considerarse en el desarrollo de una nueva Constitución?
En el último tiempo hemos podido darnos cuenta que se ha agudizado el sentimiento de soledad y abandono de las familias de campamentos y comunidades excluidas. Existe una sensación de abandono constante de las autoridades e instituciones del Estado en estos sectores. Saben que existen pero que no son considerados. El estallido social tuvo algo de eso y con la pandemia ese sentimiento se agudizó, dejando a miles de familias en una situación bastante complicada para poder enfrentar una emergencia sanitaria de esta envergadura. Es muy importante que este proceso constituyente pueda revertir esta situación y generar realmente un nuevo pacto social que permita a la ciudadanía acercarse a la política, reencontrarse con los vecinos, conversar sobre los problemas, sueños e inquietudes en conjunto. En definitiva, poder sentirse y ser realmente parte de esta construcción de la región y del país, donde las decisiones que se tomen no sean ajenas a la realidad y necesidades de cada territorio.
Antofagasta es una de las ciudades a nivel nacional con una de las tasas más bajas de superficie de áreas verdes públicas por habitante (2,31 mt2/hab. FUENTE: SIEDU). ¿Cómo revertir dicha cifra y esa brecha de desigualdad en donde el 45% de la población vive a más de 400 metros de una plaza pública y cuya calidad de espacio público también puede ser dispar?
La desigualdad territorial de las ciudades determina la vida y la manera de desenvolverse de las personas que habitan en ellas. Antofagasta tiene un tema pendiente en la planificación de la ciudad sobre la calidad, accesibilidad y conectividad tanto de servicios como oportunidades que permitan un desarrollo adecuado y de manera transversal en los diferentes sectores de la ciudad. Nos preocupa porque es posible comprobar en terreno la existencia y aumento de la pobreza multidimensional, que reúne diversos aspectos de la vida. Esto se puede percibir en la salud, en la esperanza de vida, en la calidad de la educación, en el empleo o en el nivel de informalidad de estos. Así también en el acceso a temas tan centrales, pero a veces no priorizados, como las áreas verdes, espacios de cultura, entretención, esparcimiento o deporte incluso.
Como organización creemos que una de las formas de revertir dicha situación es con la creación de instancias ciudadanas de planificación, en las cuales se levanten los verdaderos requerimientos y necesidades de los territorios, de tal manera de poder abordar y revertir las brechas de desigualdad que tenemos en la ciudad y en la región.
Ustedes tienen experiencia en el trabajo con comunidades y en terreno. ¿Desde su experiencia cómo podemos incorporar más a la ciudadanía en la planificación de las ciudades y elaboración de proyectos?
En nuestra experiencia en estos más de 20 años como organización, hemos podido comprobar que mientras exista más participación de las familias y de las comunidades en las diferentes iniciativas, procesos y proyectos comunitarios, mayor es el éxito, apropiación y pertenencia de las soluciones en los distintos territorios que trabajamos. Hemos podido gestionar 98 proyectos de vivienda sociales a lo largo de Chile para dar solución habitacional a más de 8 mil 200 familias, poniendo el foco en la integración de estas en los distintos procesos de ese largo camino, que busca garantizar y consagrar su derecho a la vivienda digna. Por eso mismo creemos que para poder resolver las necesidades y las problemáticas más urgentes de la comunidad y de la ciudad, se tiene que buscar desarrollar mesas de trabajo entre los diferentes actores para poder establecer un plan de acción que permita avanzar en la construcción de ciudades justas, humanas, inclusivas y sostenibles, sin dejar a nadie afuera independientemente de su lugar de origen, ingreso económico, género y/o su nacionalidad.