En la última sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), se abrió el debate sobre los procedimientos administrativos y de estudios que deben desarrollarse por el descubrimiento de patrimonio arqueológico en lugares que se desarrolla inversión pública y privada.
Luego del debate el Consejo envió una carta al Subsecretario de Patrimonio Cultural, presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, y también Consejero del CNDU, Emilio de la Cerda, la que ratificó como primer punto el compromiso de la entidad con la protección del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico de nuestro país, el cual forma parte de nuestra identidad como nación.
Además, entregó su apoyo ante la necesidad simplificar procesos y ampliar las capacidades del Consejo de Monumentos Nacionales, para hacer más expedita la aprobación de los proyectos que se enfrenten a hallazgos, compatibilizando así el cuidado del patrimonio con el desarrollo de infraestructura en el contexto de reactivación económica que iniciaremos como país.
En respuesta y en una extensa entrevista el Subsecretario de Patrimonio Cultural y Consejero del CNDU, Emilio de la Cerda, explicó los cambios que están desarrollando desde la cartera que lidera para agilizar todos los procesos y mejorar la coordinación entre todas las entidades involucradas, y los avances del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural.
En el último Consejo se debatió sobre el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y cuidado de patrimonio y los retrasos que se pueden generar en las obras de construcción. ¿Cómo conviven ambos objetivos, igual de importantes y legítimos en la ciudad?
El patrimonio cultural es parte del desarrollo de los países y sus comunidades. Señalar el patrimonio en conflicto con el desarrollo de la sociedad es un paradigma en retirada, ya que estos ámbitos se necesitan y complementan. Así, lo ha reafirmado Chile en su Política Nacional de Desarrollo Urbano al establecer que el patrimonio no es burocracia, sino uno de los cinco ejes estratégicos en los que debe cimentarse nuestro desarrollo. Y en esa misión estamos todos enfocados.
En Chile, al igual que en muchos países, los gremios, las empresas, la institucionalidad, las comunidades, las personas y el Estado han ido evolucionando en esta materia. El paradigma de desarrollo ha ido enriqueciéndose y eso está muy bien. El patrimonio es puntal de inversiones para muchas zonas, atrae turismo, desarrollo de comunidades locales, proyectos de infraestructura sostenible y servicios.
Dicho lo anterior, en algunos casos, la exigencia legal de proteger el patrimonio cultural requiere cumplir con estándares y ajustar iniciativas de inversión para lograr hacer compatible estos ámbitos. En esa tarea, aunque los avances han sido relevantes, aún tenemos nudos críticos pendientes y como instituciones públicas, y menciono en esto a varios Ministerios y Servicios, estamos abocados.
¿Qué avances están realizando para generar una mayor eficiencia en los procedimientos administrativos y de estudios que se hacen cuando hay hallazgos arqueológicos, antropológicos o paleontológicos, en lugares que se desarrolla infraestructura?
Existen varios avances y muy concretos. En junio lanzamos junto a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía y con apoyo del BID, una Guía de Procedimiento Arqueológico, la que entrega claridad sobre los pasos, criterios y estándares comunes sobre cómo proceder ante hallazgos arqueológicos, promoviendo así una adecuada conservación del patrimonio y una mayor certidumbre y agilidad a los procesos de evaluación.
En la misma línea, se está trabajando en la actualización del Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, que ya tiene 30 años y no responde a la realidad actual, lo que será un aporte muy grande para estos fines; y hemos iniciado el Registro de Sitios Arqueológicos y Paleontológicos, lo cual permitirá contar con información de calidad para los distintos proyectos e investigaciones a desarrollarse en áreas que presenten componente patrimonial.
También pusimos a disposición hace algunos días las nuevas Cartografía de Potencialidad Paleontológica para las regiones de Arica y Tarapacá, que se suman a las de Atacama, Coquimbo, Maule, Ñuble, Biobío y Antofagasta. Estos mapas identifican la presencia y distribución territorial de los fósiles, lo que ha servido para acelerar los procesos de revisión de informes paleontológicos en el SEIA.
En 2019 y en el marco de gestiones realizadas por la Ministra Valdés y la Subsecretaría, en una medida inédita se duplicó el presupuesto asignado al CMN, lo que permitió fortalecer equipos y montar, por primera vez en su historia, Oficinas Técnicas Regionales en todo el país y también implementamos un Área de Planificación y Control de Gestión, lo que demuestra la importancia que le damos a este ámbito del quehacer institucional.
Estos refuerzos y cambios ya han dado resultados. Si en 2016 el rendimiento de ingresos y despachos de solicitudes que llegan al Consejo alcanzó solo un 56%, en 2020 estamos llegando a 90%. Asimismo, durante el último trimestre de 2020 habilitaremos la digitalización y seguimiento en línea de los trámites más solicitados por los requirentes.
Para proteger el patrimonio las diligencias deben ser oportunas y de carácter preventivo para evitar los costos cuando hay detención de proyectos por hallazgos no previstos. De cara a una necesaria agenda reactivadora y a la relevancia fundamental del patrimonio cultural en el desarrollo, esta es una misión que compromete a todas las partes y en las que se está avanzando a grandes pasos.
Hace dos meses lanzaron, junto a la oficina GPS del Ministerio de Economía —y con apoyo del BID—, una guía de procedimiento arqueológico, que promueve la conservación del patrimonio y genera mayor certidumbre y agilidad. ¿Qué características y cambios tiene dicha guía?
Los bienes arqueológicos están protegidos por nuestra legislación y su resguardo es parte del quehacer en el que estamos enfocados desde el Consejo de Monumentos Nacionales. El respeto y conservación del patrimonio es un factor clave del desarrollo sostenible de la sociedad, y esta guía es un reflejo y aporte en esa línea. El documento, aprobado por unanimidad en el Consejo de Monumentos, entrega orientaciones, criterios y estándares comunes sobre las medidas generales que deben tomarse ante eventuales hallazgos arqueológicos, con el propósito de velar por el resguardo de estos bienes, convirtiéndose en una herramienta muy útil para todos los actores involucrados. A su vez, el material aquí dispuesto permitirá y facilitará a los titulares de los proyectos entregar al Consejo de Monumentos información con los estándares de calidad necesarios para estos casos, agilizando así los procesos.
Cabe recordar que, según la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, son propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas arqueológicas y paleontológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional, por lo que ante un hallazgo de este tipo, se deben paralizar las obras hasta que el CMN autorice su continuidad tras evaluar el plan de monitoreo y rescate arqueológico presentado por el titular.
Esta guía metodológica otorga claridad del procedimiento, etapas de tramitación y obtención de permisos por hallazgos arqueológicos ante el CMN, así como los criterios referenciales de evaluación para el otorgamiento de permisos y lineamientos para las propuestas que deben ser presentadas por los solicitantes, en base a los cuales la institución evalúa el componente arqueológico dentro de los proyectos que ingresan a la institución.
La Guía puede encontrarse en el portal del Consejo de Monumentos Nacionales.
¿Cómo afecta la excesiva centralización de Chile en la agilización de los procesos y cómo cambiar esta realidad?
Los avances antes señalados son importantes y significativos, sin embargo hay que recordar que el CMN nació en 1925 y su institucionalidad se cristaliza en la Ley de Monumentos Nacionales de 1970, no habiendo cambios sustantivos desde esa fecha.
Para ponernos al día en la protección efectiva del patrimonio y en la mejora de los procesos hay que dar un salto cualitativo y estructural, y aunque son muchos los desafíos, uno de los problemas más agudos es la extrema centralización en la toma de decisiones. Todo termina revisándose y decidiéndose en Santiago. Eso significa que los equipos técnicos en la capital deben hacerse cargo de lo que pasa en Huara, en Chillán o en Coyhaique, lo que significa una alta carga laboral y respuestas que toman más tiempo de lo recomendable y, aunque exista un esfuerzo por acoger visiones locales, son definiciones que se toman alejadas de los territorios y realidades locales.
Este foco centralista está totalmente superado y estamos promoviendo un cambio radical a través del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que pronto se votará en general en la Comisión de Cultura en la Cámara, y que propone descentralizar el funcionamiento de la institucionalidad, desconcentrando la toma de decisiones y funciones, generando autonomía para los territorios.
También, el proyecto pone mucho foco en la gestión del patrimonio bajo la premisa que no basta la declaratoria de bienes protegidos, ése es solo un paso de un ciclo de protección que debe involucrar incentivos, herramientas, recursos y gestión.
¿Cómo seguir avanzando en una mayor coordinación con otras entidades públicas y privadas, por ejemplo el CNDU, para generar sinergia en el desarrollo de infraestructura?
Muchos proyectos de inversión, ya sea porque ingresen al SEIA o por hallazgos arqueológicos o paleontológicos no previstos, deben pasar, necesariamente, por el análisis técnico del CMN. Aquí, el refuerzo de los equipos y el trabajo con el Ministerio de Economía y su oficina GPS está siendo muy importante.
El Ministerio de Economía ha priorizado una serie de proyectos de inversión y tenemos avances muy relevantes. Por ejemplo, quisiera destacar lo sucedido con el proyecto minero Quebrada Blanca II, donde la empresa Teck, en coordinación y de la mano con el CMN, ha realizado un rescate arqueológico impecable y de gran nivel, lo cual constituye un aporte enorme para la ciencia y para el conocimiento y difusión del patrimonio. Este proyecto es un ejemplo de que con trabajo conjunto entre las partes y con un diálogo abierto se pueden compatibilizar de buena manera proyectos de inversión que son muy relevantes para el país y las regiones, poniendo al frente la necesaria protección y rescate del patrimonio.
Junto a lo anterior, destacar que el patrimonio será parte del desarrollo y de la agenda reactivadora. Desde el Ministerio de las Culturas impulsamos y firmamos junto al MOP, Bienes Nacionales y Subdere un plan nacional de infraestructura patrimonial para priorizar y levantar recursos y gestiones en pos de esta agenda.
Finalmente mencionar que el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural propone importantes normas de coordinación intersectorial entre las distintas instituciones estatales, tanto para la armonización entre los planes de gestión patrimonial con los instrumentos de planificación territorial, como en los procedimientos de declaratoria y el requerimiento de informes previos a otros órganos de la Administración del Estado.
¿En qué etapa está el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural y que beneficios traerá a nuestras ciudades?
Hoy contamos con una Ley de Monumentos cuyos fundamentos- como he señalado- tienen cerca de 100 años y configuran una mirada centralista del patrimonio cultural, que no reconoce la diversidad del patrimonio material e inmaterial presente en el territorio de Chile, y que no cuenta con herramientas de financiamiento y gestión efectiva para su salvaguardia y puesta en valor.
Actualizar nuestra legislación es un paso fundamental para mejorar sustancialmente las condiciones de base con las que contamos.
El proyecto de ley busca avanzar por tanto en tres ejes fundamentales. (1) Descentralizar la institucionalidad y toma de decisiones respecto al patrimonio cultural. (2) Ampliar las categorías de protección para configurar una mirada integral del patrimonio cultural, incorporando también la dimensión el patrimonio inmaterial y patrimonio vivo. En esa línea se actualizan las categorías vigentes para incorporar otros valores y considerar la relación del bien cultural con el territorio y las comunidades. Asimismo, se propone la creación de la categoría de paisaje de interés cultural y como parte de esta la de itinerarios culturales; también la de sitio de memoria como categoría autónoma, y la inclusión y regulación del patrimonio cultural inmaterial. (3) Crear un sistema de protección efectiva del patrimonio mediante herramientas de gestión, compensaciones, incentivos tributarios y financiamiento.
La iniciativa legal se encuentra actualmente en primer trámite constitucional y ha sido objeto de un amplio y profundo debate público. Hace más de 10 meses que se discute en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde al menos 35 sesiones se han destinado a audiencias públicas para que diversos actores, instituciones y grupos interesados puedan entregar su punto de vista, documentos y aportes respecto al proyecto de ley. En acuerdo con los parlamentarios, se ha avanzado en esta primera etapa sin establecer urgencias legislativas para dar los espacios necesarios para escuchar a la mayor cantidad de actores posible.
Asimismo, como Ministerio de las Culturas hemos impulsado instancias complementarias de participación tales como encuentros ciudadanos regionales, encuesta en línea, mesas de trabajo con expertos y sociedad civil, y comisiones especiales de Consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales y del Consejo Asesor del Ministerio. Todos estos aportes han sido considerados para la elaboración de la indicación sustitutiva que enriquecerá el proyecto original y que presentaremos muy pronto para luego pasar a la votación en general y continuar su tramitación.