Desde que Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes editaron el libro “Los Con Techo” en 2005, se viene alertando sobre la bomba de tiempo que implicaba concentrar miles de viviendas sociales en comunas carenciadas, donde el desarrollo de Chile era mirado desde lejos, con frustración y rabia.
Para algunos académicos esta desigualdad se explica por un modelo neoliberal que buscó excluir a los más pobres y por ello, la solución al malestar, pasa por implementar “reformas estructurales” a dicho modelo. Esta postura tiene, sin embargo, tres problemas centrales. En primer lugar, no dice que la evolución de la política habitacional estuvo determinada por la disponibilidad de recursos y las urgencias definidas de cada período. Este punto es crucial, ya que la segregación emerge como problema sólo cuando las necesidades más básicas fueron resueltas.
Quienes defienden el cambio estructural, argumentan con esta misma escasez el Estado si logró construir viviendas de calidad, a través de las corporaciones de la vivienda (Corvi) y Mejoramiento Urbano (Cormu), como las Villas Frei o Portales. Lo que no dicen, es que estos proyectos beneficiaron a un número muy menor de personas y dejaron a millones en campamentos, sin agua, ni alcantarillado y con altas tasas de mortalidad infantil.
En segundo lugar, no es cierto que el modelo actual sea una colección de problemas. Desde el retorno a la democracia, más de 2 millones de familias pudieron comprar su vivienda con financiamiento estatal, y sólo un 20% presenta problemas de segregación. Esto no reduce su gravedad, pero la pone en contexto respecto al 80% que no tuvo problemas. Pero el tema no se reduce a la vivienda. Desde inicios de los 90 se levantaron parques urbanos en comunas populares, varias líneas de Metro y se crearon subsidios para mejorar la ubicación de los proyectos, ampliar el tamaño de la vivienda y recuperar entornos degradados.
Esta crisis demuestra que los problemas de la segregación del 20% de las viviendas construidas son urgentes, y por ello, no podemos pasar años discutiendo reformas estructurales basadas en diagnósticos incompletos y visiones sesgadas. Al menos debemos abordar estos temas en paralelo, con una agenda de largo plazo para las reformas y otra de median o plazo para las urgencias, donde sea posible implementar las ideas centrales de la Política Nacional de Desarrollo Urbano optimizando la institucionalidad vigente.
¿Por dónde partimos? La crisis demuestra que tenemos que focalizar inversión pública y privada, en unos 300 barrios donde 450 mil hogares viven con altos niveles de segregación e inseguridad. La segunda prioridad es evitar que el alza en el precio de las viviendas, genere nuevos focos de segregación, o achique los hogares afectando la calidad de vida y dignidad de sus habitantes.
Algunos proponen regular precios de suelo, pero es más rápido y eficiente poner toda la tierra fiscal a disposición de proyectos sociales, incluyendo terrenos de fuerzas armadas. La tercera prioridad será reconstruir los bienes públicos arrasados por la violencia que acompañó a esta crisis social, y que son de una magnitud muy relevante, como lo veremos en una segunda columna. Hasta entonces.