Opinión

El fetiche de las plusvalías (segunda parte y final)

El fetiche de las plusvalías (segunda parte y final)

26-04-2019

Me alegra el debate generado por mi columna el “Fetiche de las Plusvalías”, ya que nos permite evaluar un instrumento que considero complejo de aplicar, de dudoso beneficio y que no debiera estar dentro del lineamiento de integración social de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).

Esta columna justificará estas afirmaciones, que fue lo que me pidió el profesor Ivo Gasic, en una replica que tuvo el mérito de centrarse en argumentos, y no en descalificaciones o defensas corporativas.

Mi crítica a la captura de plusvalías se basa en tres conceptos que no guardan relación con el economista que más influyó en la teoría como indica el profesor Gasic. En verdad me importa poco si fue Marx o Ricardo. Mi preocupación radica en la captura como política pública, ya que temo que pueda transformarse en una medida regresiva. La razón es simple. Un avance importante en el criterio de formulación de planes de Metro, vialidad o parques urbanos, ha sido localizar esta inversión en comunas vulnerables o de clase media.

Me ha tocado impulsar esta idea y participar en proyectos concretos para implementarla, como las líneas de Metro a Quilicura y Bajos de Mena o el parque Mapocho Río en Cerro Navia, y en todos estos casos el objetivo ha sido crear atributos que mejoren el entorno o los tiempos de viaje, lo que suele aumentar los precios de suelo. ¿Qué sentido tiene crear un impuesto para capturar parte de este valor en sectores populares o de clase media?. Los promotores de la captura argumentan que se cobraría sólo a las inmobiliarias y no a los residentes, pero si aquello fuese posible, la inmobiliaria traspasará el impuesto como un costo, pagando menos por el suelo, lo que perjudicaría el patrimonio del primer vendedor.

Mi segundo cuestionamiento dice relación con la efectividad de la captura, y acá los ejemplos que cita el profesor Gasic son limitados. El caso colombiano, que es el que más destaca el Instituto Lincoln, se aplica desde 1925 y está contemplado en la Constitución Política de 1991, y pese a ello ha tenido cuestionamientos en su fórmula de cálculo o los límites donde se aplica. El caso de Brasil se refiere básicamente a San Pablo, donde el municipio vende derechos de edificación, lo que requiere crear un mercado que no existe en Chile.

Como indiqué en mi columna anterior, la captura de plusvalía es solo un mecanismo de financiamiento. Quienes la promueven como “integración social”, piensan que podría bajar la especulación, lo que es ilógico, ya al ser un impuesto conocido, lo único que hará será elevar las expectativas de precio por sobre la banda que fije el Estado con la tasa. Es decir, especulación habrá igual.

También se dice que los recursos capturados destinarse a comprar terrenos para vivienda social o cofinanciar infraestructura, pero nunca se indica como y quien gastaría estos recursos. Si son los municipios, la plata iría al presupuesto comunal, y desde ahí pasaría a la inversión, que generalmente no supera el 5% del presupuesto. Si el tributo es cobrado por el Gobierno Nacional el problema es aún mayor, ya redistribuiría Hacienda sin focalizar, necesariamente, en los territorios carenciados.

Más razonable es que Metro pueda expropiar más suelo del requerido para estaciones o piques, arrendando o vendiendo esa tierra para negocios inmobiliarios con la plusvalía que aportan las líneas. Pero ello requiere aumentar el costo de inversión y ampliar el giro de una empresa que ya está estresada con su función de mover pasajeros con dos líneas en construcción y tres en planificación y diseño.

Esto nos lleva a mi tercer cuestionamiento que es la aplicabilidad. Además de la dificultad técnica vinculada a la forma de cálculo del plusvalor, existe un evidente problema de economía política ¿Existe un espacio real para crear un nuevo impuesto territorial en Chile?. Y como involucra recursos, debe ser promovido por un Ejecutivo que ha dicho que no quiere aumentar impuestos y que de hecho evalúa bajarlos, en las contribuciones que pagan los adultos mayores.

Por lo tanto, de persistir en la captura de plusvalía pasaríamos años discutiendo una política difícil de aplicar y sin prioridad política y ello nos aleja de la misión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, (CNDU) que no es realizar investigación académica, sino que implementar la PDNU. Ello obliga a concentrarnos en herramientas que permitan reducir la segregación con políticas vinculadas al objetivo de integración social, que no requieran de cambios legales o institucionales de larga tramitación y compleja aprobación.