Cuando iniciamos, en el año 2011, el proceso de elaboración de la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano, tomamos la posta de quienes, por varias décadas, habían estudiado y discutido los desafíos de las ciudades chilenas y delineaban posibles aproximaciones para una política nacional, considerando un enfoque multisectorial de la problemática urbana.
¡Cuánto hemos avanzado desde ese momento! Hoy no solo tenemos una política urbana explícita, fundada en un consenso transversal a nivel político, técnico y ciudadano, que se ha convertido en guía y orientación efectiva para nuestras autoridades, sino que además contamos con un Consejo Asesor que vela por su implementación, apoyado por un equipo técnico de primer nivel.
A través de los años, este Consejo, que por su carácter transversal va más allá de los gobiernos de turno, ha desarrollado una gran capacidad para generar conocimiento colaborativo, construir acuerdos y consensuar propuestas de políticas públicas en torno a las ciudades y los centros poblados de nuestro país.
Valoro especialmente que el Consejo haya abordado con tanta fuerza y profundidad el tema de la segregación socio-espacial en nuestras ciudades, haciendo eco de los postulados de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que ya el año 2014 nos alertaba señalando que “La segregación no solo afecta a las personas que viven en los sectores segregados, sino a toda la población, interpela además a nuestros valores y concepto de sociedad, y daña la competitividad y sustentabilidad de nuestras ciudades”.
Además, el Consejo logró cumplir con un anhelo ampliamente esperado: contar con una metodología única y oficial que permitiera medir objetivamente la calidad de vida en nuestras ciudades. Con este objetivo, el CNDU desarrolló el sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano, SIEDU, que con sus 91 indicadores, índice sintético y reportes de ciudad asociados, nos permite tomar decisiones de políticas públicas basada en información objetiva, trazable y abierta a la ciudadanía. Este es un gran logro. A nivel internacional, instituciones como la OCDE, las Nacionales Unidas, el Banco Mundial y el BID, promueven que los países generen sus políticas urbanas explícitas, con una gobernanza asociada y con sistemas de indicadores para su medición y monitoreo en el tiempo. Chile ya tiene en operación todo esto, constituyéndose en un ejemplo reconocido en el contexto global.
En adelante, debemos fortalecer y perfeccionar nuestra política urbana, incorporando los nuevos desafíos que han emergido con tanta fuerza en nuestras ciudades en el último tiempo, tales como la integración social y urbana de la nueva población de migrantes en el país, las transformaciones tecnológicas en la ciudad, la adaptación al cambio climático, la seguridad ciudadana y la descentralización. Junto con ello, será necesario generar vínculos estrechos con las recientes políticas territoriales que se han promulgado en nuestro país, como son la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial
Considerando este escenario, nuestro Consejo requiere fortalecerse para aumentar su nivel de influencia en las decisiones de las autoridades sectoriales. Con una estructura descentralizada debiera también potenciar la generación de conocimiento, el trabajo colaborativo y la construcción de acuerdos a escala regional.
Son muchos desafíos en el horizonte. Pasamos confiados esta posta, y miramos con optimismo el futuro de las ciudades chilenas.
Pilar Giménez Celis
Secretaria Ejecutiva del CNDU, 2018-2022