Chile cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), elaborada en 2012, durante el gobierno del presidente Piñera y continuada por la presidenta Michelle Bachelet. Ésta reconoce que el principal problema de nuestras ciudades, entre otros, es la segregación social. La política de reducción del déficit habitacional centrada en proporcionar techos a las familias desprotegidas, olvidando muchas veces dónde se asentaban, acentuó un problema de marginalidad urbana, que hoy vemos como un gran impedimento para la integración de miles de familias a los bienes y servicios públicos.
Chile es, lamentablemente, un país desigual y las ciudades son un reflejo de este problema. Ahora constatamos la peor expresión de esto: el catastro de campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo muestra a octubre del año pasado, 822 asentamientos informales a nivel nacional, lo que significa un aumento de 165 campamentos respecto del último registro, elaborado en 2011.
La Política Nacional de Desarrollo Urbano, dice: “El Estado debe velar porque nuestras ciudades sean lugares inclusivos, donde las personas estén protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos. Este objetivo debe ser prioridad nacional”. Estos 46 mil hogares que viven en situación de aislamiento, riesgo y precariedad urbana nos conmueven.
Para avanzar en la solución de este flagelo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano elaboró un documento con ocho propuestas para acelerar la integración social en nuestras ciudades. Este documento propone las de Zonas de Integración Social, para facilitar el acceso de las familias vulnerables a lugares de la ciudad con buenos atributos urbanos, donde se promueva el desarrollo de proyectos de viviendas integradas, por medio de incentivos como; subsidios especiales, incentivos normativos, exenciones tributarias y planes de inversión en espacios públicos. También se proponen Zonas de Inversión Pública Prioritaria para barrios segregados, donde el Estado logre revertir la precariedad de servicios urbanos y logre mejorar los estándares de calidad de vida urbana. Para reforzar este modelo de integración, la Consejo propone además, que el Fondo Común Municipal, otorgue mayores recursos a los municipios que desarrollen “Proyectos de Viviendas Integradas” en sus comunas.
Estas son medidas pensadas para mejorar todas las ciudades a lo largo del país, pero, necesitan de una mirada local, caso a caso. En ese sentido, celebramos que el ministerio de Vivienda y Urbanismo lleve a cabo, durante el primer semestre de este año, una caracterización de la gente que habita los campamentos, que servirá para conocer por qué la gente decide ocupar un territorio determinado, su lugar de origen, nivel educativo y situación ocupacional.
Este análisis es fundamental. No podemos repetir errores del pasado. Observar el problema de los allegados y los campamentos como una cifra es un error. Estamos hablando de miles de casos diferentes. La solución no se basa solamente en dar más subsidios, sino en entregar soluciones habitacionales sensibles a la necesidad de las familias, que ocupan un espacio de la ciudad, precisamente, para acceder a mejores oportunidades laborales y a una mejor calidad de vida, cerca del trabajo, cerca de su red de apoyo familiar, esperanzados en formar parte de la sociedad.
Los campamentos son un pulso de la vida de nuestras ciudades, un indicador de que tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas en materia de ciudad. De poco nos sirven los indicadores de desarrollo económico que tanto celebramos, si no logramos traducir estos logros en una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestro país.