Columnas del Presidente

Internalizar el riesgo

Internalizar el riesgo

25-02-2019

La historia de muchas ciudades es, en gran medida, la historia de sus catástrofes. Cada evento natural destructivo como los terremotos, tsunamis, inundaciones, aluviones y recientemente los incendios urbanos de grandes proporciones deja profundas heridas. El Weltrisikoindex publicado en Alemania el año 2018, ubica a Chile dentro de los 11 países más expuestos a amenazas naturales en el mundo, antecedido por países como Japón, Filipinas y Bangladesh.
Esta semana se cumplen ya nueve años del 27F, fecha que marca un antes y un después para nuestras ciudades. En primer lugar, porque desnudó una realidad incómoda, de precariedad, improvisación y absoluta falta de preparación para enfrentar amenazas naturales, conocidas en nuestro territorio desde la más temprana ocupación del hombre.
En segundo lugar, porque entendimos que estas catástrofes podrían volver a ocurrir en cualquier momento y lugar del país, y que un proceso de reconstrucción no puede ignorar su recurrencia. Por cierto, luego ocurrieron los terremotos de Iquique 2014, Coquimbo 2015 y Chiloé 2016, los aluviones en la región de Tarapacá 2015 y el incendio de Valparaíso un año antes, y en todos ellos el común denominador fue una destrucción de proporciones urbanas.
Es evidente que las amenazas naturales ya no sólo dañan edificaciones aisladas, para lo cual Chile cuenta con una excelente norma sísmica, sino que destruyen barrios enteros, pueblos y ciudades. Ante tal escala de destrucción siempre faltaran recursos y herramientas efectivas de reconstrucción, pero no por ello debemos descansar en la capacidad de improvisación de los actores de turno. En un país con el 87% de su población viviendo en ciudades, éste es, sin duda alguna, un desafío de máxima prioridad para las políticas públicas y también de largo plazo.
Transformar nuestras ciudades en ciudades más seguras tomará muchos años, por lo que se requiere mejorar los instrumentos públicos, el marco legal y reglamentario, incorporar planes maestros de mitigación con inversiones a largo plazo, considerar los riesgos emergentes no reconocidos en la actual normativa, como los incendios, la contaminación o la sequía, entre otros.
Los reiterados procesos de reconstrucción nos han enseñado mucho. La experiencia de reconstrucción de Dichato por ejemplo, nos mostró que es imposible eliminar un riesgo natural de tal magnitud como un tsunami, pero que si es factible atenuar sus efectos y reducir el umbral de daños a nivel tal que facilite la pronta recuperación luego de un desastre. Para ello fue necesario incorporar defensas costeras, canalizar adecuadamente la desembocadura de su estero, construir vías de evacuación, bosques de mitigación y viviendas resilientes. Pero un buen ejemplo, no resuelve el problema de cientos de ciudades chilenas que a la fecha no consideran las amenazas naturales en sus planes de desarrollo.
En consecuencia, procurar ciudades más resilientes debe transformarse en un objetivo de Estado. Es por ello que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha asumido la responsabilidad de elaborar una propuesta que permita incorporar los riesgos naturales en el ADN de la planificación urbana. Se trata de una propuesta a ser entregada al Ejecutivo para su implementación, que recoge los conocimientos avanzados de centros de estudios, universidades, especialistas y la experiencia de instituciones públicas.
Esperamos confiados que para la conmemoración de los diez años de 27F, nuestra reglamentación urbanística cuente finalmente con disposiciones eficientes para mejorar la resiliencia de las ciudades y enfrentar mejor los efectos del cambio climático.