Gobierno de Chile

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano

Equidad urbana: columna de Luis Eduardo Bresciani, presidente del CNDU

 

plaza 1Fuente: La Tercera

¿Los bienes públicos urbanos son un bien de consumo? Evidentemente que no. Entonces, si acceder a parques y plazas, equipamientos sociales o infraestructuras de transporte de calidad no dependen del mercado o de los ingresos individuales, ¿por qué el Estado ha sido incapaz de garantizar un mínimo de equidad en el acceso a calidad urbana?

Con el fin de responder a esta pregunta y superar nuestras limitadas políticas públicas, el martes 5 de mayo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) entregó a la Presidenta un conjunto de medidas para avanzar en una “Política de Suelo para la Integración Social”. En este documento están contenidas propuestas de instrumentos públicos, en su mayoría de amplio consenso, que de ser implementadas cambiarían las tendencias de inequidad urbana.

Lamentablemente el debate ha tendido en exceso a “cavalizarse”, poniendo sólo acento en la inaceptable especulación en la venta de terrenos, que en garantizar además equidad en las ciudades corrigiendo nuestros instrumentos tributarios, normativos y de inversión en infraestructura pública. Por ello, los compromisos expresados el 21 de mayo por la Presidenta en orden a avanzar con las propuestas del CNDU, son de extrema importancia.

En primer lugar, la Presidenta comprometió recuperar el rol del Estado en el desarrollo socialmente integrado de las ciudades. Este compromiso requiere de nuevos instrumentos públicos y la creación de una nueva institucionalidad descentralizada, como lo fueron las antiguas corporaciones de desarrollo, para implementar planes y proyectos urbanos de alto impacto social, superando el rol sectorial y subsidiario del Estado.

Segundo, ha acogido la propuesta de garantizar estándares de equidad urbana exigibles a todos los planes y proyectos públicos y privados, lo que deberá ser materia de ley y de un incremento del financiamiento público en obras urbanas.

Finalmente, ha puesto el acento en financiar el crecimiento equitativo de nuestras ciudades, permitiendo al Estado recuperar parte de las plusvalías del suelo generadas por su propia acción. No se trata sólo de reducir las excepciones y desigualdades tributarias o de aportes privados que fomentan la especulación y los free riders, sino que de incrementar los recursos para que gobiernos locales y regionales puedan invertir en mejores estándares de equidad e inclusión urbana.

Sabemos que en una sociedad urbana como la nuestra, la falta de acceso justo a equipamientos, transporte e infraestructura pública de calidad no sólo genera exclusión social, sino que afecta al desarrollo y convivencia nacional. Es por eso que la equidad urbana debiera ser una prioridad nacional.

Los anuncios permitirían pensar que es posible disminuir las inaceptables desigualdades urbanas entre comunas y barrios. Es de esperar que el Ejecutivo, con el apoyo de los parlamentarios, transforme estos compromisos presidenciales en buenas voluntades y en proyectos de ley, reformas institucionales y programas de inversión pública que cambien el rumbo hacia ciudades más equitativas, integradas y cohesionadas.

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