Opinión

Déficit habitacional y desigualdad territorial: la necesidad de una nueva agenda urbano habitacional

Déficit habitacional y desigualdad territorial: la necesidad de una nueva agenda urbano habitacional

Opinión de Felipe Arteaga, director Fundación Vivienda.

17-01-2019

*Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Vivimos en un desafío constante. Cerca del 90% de la población chilena vive en ciudades, cifra que a nivel mundial alcanza el 51%. La sociedad, cada vez más informada y empoderada, exige una mejor calidad de vida, por lo que los temas relacionados con movilidad, integración, infraestructura pública y medio ambiente se han tomado la discusión pública. Por otro lado, nuestro país se ha convertido en uno de los principales destinos para familias de otros países de nuestro continente que deciden, o se ven forzadas, a dejar su lugar de origen para alcanzar un mejor vivir. Esto enriquece culturalmente nuestro país y agrega un mayor desafío a las políticas públicas y la convivencia.
Hay que reconocer que hemos tenido avances significativos respecto a la reducción de los índices de pobreza, una alta cobertura de servicios básicos urbanos y de transporte público — de hecho, estamos ad-portas de la inauguración de la Línea 3 del Metro en Santiago—, fuerte expansión y dotación de grandes infraestructuras urbanas, mayor planificación y mejores estándares urbanos.
Pero en la actualidad, 1.528.284 personas, equivalentes al 8,6% de la población, vive bajo la línea de la pobreza (medida por ingresos) y un 20,7% se encuentra en situación de pobreza multidimensional (Encuesta Casen 2017). Uno de cada cinco chilenos no cuenta con las condiciones mínimas para desarrollarse, algo que, en un país con tantos avances, debe preocuparnos y ocuparnos. Respecto al ámbito de la vivienda, Fundación Vivienda estimó que el déficit habitacional cuantitativo según Casen 2017 abarca un total de 497.560 viviendas, de las cuales un 91.4% corresponde al fenómeno del allegamiento y hacinamiento.
Lo anterior no solo debe preocuparnos; se requiere también un análisis que permita comprender lo complejo de las causas que podrían explicar el aumento de un 27.1% respecto de la medición anterior, lo que pone además en cuestionamiento la real efectividad de los programas de vivienda que actualmente están siendo ejecutados por el MINVU. El propósito de estos programas, además de proveer una vivienda, debiese ser también revertir la segregación y precariedad en la que se encuentra un gran porcentaje de los barrios donde viven familias vulnerables a nivel nacional.
El déficit habitacional, la segregación y la inequidad territorial, no se resuelven con una única medida, o desde un solo ministerio. Para garantizar el acceso a la vivienda y a la ciudad a las casi 500.000 familias que actualmente no lo tienen, debe existir un mayor compromiso estatal con la ciudad, con un fuerte énfasis en la planificación y gasto público, además de contar con personal altamente calificado en todos los niveles para liderar la implementación de las medidas propuestas.
Una de las medidas relevantes debiese consistir en una agenda normativa que regule el valor del suelo, facilite e incentive la densificación a pequeña y mediana escala, y la radicación, regeneración e integración de barrios bien localizados junto con un mayor porcentaje de financiamiento en inversión social en los proyectos, que aseguren y den sostenibilidad a cualquier intervención.
Sin dejar de reconocer y destacar los variados avances en materia de vivienda y ciudad, hoy es tiempo de generar una reflexión profunda y amplia sobre lo que tenemos pendiente y nos falta por avanzar. Necesitamos, con urgencia, un plan a largo plazo para nuestras ciudades, que surja a partir de acuerdos transversales que involucren al Estado, sociedad civil, comunidades, academia y empresas.
En ese sentido, instancias como las del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano o iniciativas como “Compromiso País” apuntan en la dirección correcta. Esta nueva agenda debiese dar continuidad a lo avanzado en distintas administraciones, además de otorgar prioridad a las comunidades y personas excluidas y postergadas. Es necesaria una visión de líderes generosos y valientes que sea capaz de generar una institucionalidad capaz de dar continuidad a las materias urbanas con instrumentos que trasciendan a los gobiernos de turno. Solo así podremos ver cumplido el objetivo de construir ciudades inclusivas, sostenibles y humanas; ciudades justas, con miras al año 2030, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas y ser un país desarrollado.